Muchos de los que se preguntan por qué en Colombia hay gente dispuesta a hacer parte del negocio del narcotráfico o del negocio de la guerra nunca han estado desempleados. Nunca han sentido el vértigo que produce la fecha de corte de los servicios públicos, del arriendo ni se han angustiado ante los últimos rastros del mercado en la alacena.
Muchos de ellos nunca han tenido que preocuparse por la sobrevivencia propia o la de sus familias. Muchos de los que nos gobiernan y toman las decisiones en nuestro país han podido ir tranquilamente a las mejores universidades del mundo y han salido de estas directamente a ganarse sueldos de más de cuatro millones de pesos.
Ellos están a una llamada de conseguir trabajo, a una comida de ascender profesionalmente, a unos wiskeys de ser ministros. Nunca habrán tenido que buscar en el periódico un aviso clasificado ni llevar una hoja de vida a una empresa desconocida que termina ofreciéndole ingresar a una pirámide de vendedores compulsivos.
A muchos de los políticos y politiqueros de Colombia por lo único que les preocupan las crisis económicas o el desempleo es porque prometer empleo es un excelente negocio electoral en un país de personas desesperadas por trabajar y devengar un salario digno para tener una vida digna. A los gobernantes les preocupa porque cifras de desempleo tan escandalosas como las de Pereira o como el consolidado nacional del 13,8% les hacen perder popularidad en las encuestas y por tanto, ponen a tambalear las ansias de permanecer en el poder.
Si nuestro presidente entendiera la gravedad de no garantizar el trabajo digno a los ciudadanos y dejarlos a merced de quienes se enriquecen con la droga y con la guerra renunciaría de inmediato. Si un gobernante no puede garantizar las condiciones para que los ciudadanos respeten la vida humana y la ley pierde la autoridad moral para castigar los delitos que no pudo prever por ignorancia o por negligencia. Más aún cuando se trata de un presidente que ha modificado la ley para gobernar durante dos periodos en nombre de la “seguridad democrática”, la “confianza inversionista” y “la cohesión social”.
Al presidente y a algunos ministritos les preocupa que los ciudadanos consuman drogas, que ingresen a negocios ilegales, que se integren a grupos armados y no les preocupa lo suficiente la causa de que muchas personas tomen estos caminos. No les preocupa que mientras se gastan millones de dólares en la guerra los jóvenes que no quieren hacer parte de ella estén en sus barrios sin oportunidades laborales, sin oportunidades de formación y sin opciones para ocupar su tiempo de desempleo. No les preocupa que nuestros jóvenes se estén sintiendo frustrados, acosados por las deudas y las necesidades básicas, y deprimidos ante la imposibilidad de soñar con ser artistas, académicos, científicos o empresarios.
Muchos de los jóvenes que ingresan a la economía ilegal la hacen como medidas desesperadas, como último recurso ante la falta de opciones dentro de la legalidad. Los que se preguntan por qué en Colombia ha germinado la tal “cultura de la ilegalidad y la violencia” deberían reconocer que muchas veces es menos malo traficar con drogas que dejar que su familia, que sus hijos o que ellos mismos aguanten hambre y tratos discriminatorios
El empleo digno, la posibilidad de sentirse productivo, y de proveerse los medios para la sobrevivencia y el disfrute personal es la mejor manera de garantizar condiciones para que los ciudadanos quieran y se decidan por la legalidad y la no violencia, que resistan la tentación del dinero rápido como pago para declinar a sus principios y valores.
