De la realidad para la ficción

Infancia, juventud y conflicto

Retos de la desvinculación y prevención del reclutamiento

El reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos armados ilegales en Colombia representa uno de los problemas centrales que una estrategia de construcción del posconflicto, reconciliación y garantía de no repetición debe afrontar. Nuestro conflicto, además de los componentes racionales que involucra (intereses y razones de los actores armados) tiene un alto contenido simbólico expresado en la movilización de emociones que como el resentimiento y el odio prolongan las prácticas violentas, siendo la infancia y la juventud uno de los sectores poblacionales más vulnerables. La pobreza, la victimización de miembros del núcleo familiar (padres, madres, hermanos, etc), el desplazamiento forzado, la pérdida de referentes culturales y la escasez de posibilidades de acceso a bienes y servicios sociales, constituyen factores de riesgo aprovechados por los grupos armados ilegales para vincular en sus filas tanto a adultos como a menores de edad. Según estudios de la Defensoría del Pueblo, el promedio de edad de vinculación de menores a grupos armados ilegales es de 12,8 años para el año 2005, siendo las FARC (54,8%) y las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (22,3%) los mayores reclutadores. Algunos de los principales retos que plantea tal problemática es el de la inserción social, el restablecimiento de los derechos y la reparación colectiva y simbólica para esta población altamente vulnerable.

Sorprende el hecho de que la mayoría de los niños y jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales haya sucedido como consecuencia de procesos individuales y que, por el contrario, dentro de las desmovilizaciones colectivas promovidas por la Ley de Justicia y Paz no se hayan realizado entregas oficiales de menores (aunque actualmente se esté aceptando el reclutamiento infantil) por tratarse de un crimen de lesa humanidad que provocaría la perdida de beneficios.

Esto sin duda, evidencia la falta de visibilidad que dicho problema tiene dentro de las agendas tanto del gobierno nacional como de los grupos armados que participan del proceso de desmovilización y desmonte de sus estructuras militares.

A nivel jurídico podría decirse que resulta necesario diseñar un marco apropiado que, coherente con la ley de la infancia y la adolescencia 1098 del 2006 y la legislación internacional vigente, proporcione alternativas penales que combinen la protección y la prevención del reclutamiento con medidas para mitigar el impacto de la experimentación del conflicto por parte de los menores de edad y los jóvenes. En este sentido, la orientación de una política pública de reinserción dirigida específicamente a la niñez y la juventud resulta vital para la planificación de agendas que permitan tanto a los diversos actores estatales, como a las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil acompañar y ejecutar programas.

Cabe señalar avances al respecto como los hechos por el ICBF, entidad que tras reconocer el alto impacto del reclutamiento infantil, ha diseñando estrategias para el tratamiento especial de esta población en un contexto de desmonte de grupos armados ilegales. Así mismo, la iniciativa de organismos gubernamentales y civiles para conformar un Comité nacional para la prevención del reclutamiento de niños y jóvenes. También es posible encontrar el surgimiento de estrategias de choque (alertas tempranas) para evitar el reclutamiento forzado de niños en condiciones de pobreza extrema.

Por otro lado, cabe preguntarse por los diversos tipos de causas que motivan la vinculación de menores a grupos armados ilegales y de las alternativas para superar y reducir los riesgos que dichas causas representan. En este sentido puede resultar útil indagar sobre el conjunto de causas materiales y simbólicas del fenómeno (falta de oportunidades y alternativas económicas, manipulación de emociones, manipulación y adiestramiento ideológico, y creación de imaginarios del guerrero, etc).

Desde esta perspectiva, es posible afirmar que el tratamiento de los menores desvinculados de grupos armados ilegales, así como la prevención del reclutamiento de esta población, requiere de estrategias integrales y alianzas estratégicas que permitan, por un lado, consolidar la oferta social de bienes y servicios como la vivienda, la salud, la educación y el acceso a mecanismos de participación política, social y económica. Así mismo, el fortalecimiento de las redes sociales (familia, comunidad, redes de acción política, redes culturales y deportivas) pueden constituir elementos cohesionadores que sirvan de redes de apoyo para que la niñez y la juventud encuentren alternativas reales frente a posibilidades que como la vinculación a grupos armados, la drogadicción y la cultura de la ilegalidad, generan profundos problemas de exclusión social.

Desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en aportar a un proceso de reconciliación nacional es importante propender por la experimentación de metodologías y estrategias de incidencia de manera directa, y por la participación en los escenarios de discusión y diseño de políticas públicas que se están promoviendo alrededor del tema en espacios como la CNRR, El ICBF y el gobierno nacional. Cabe preguntar entonces cuáles son los mecanismos de participación que las entidades directamente relacionadas con el tema están promoviendo para le democratización del debate y la inclusión de iniciativas de la sociedad civil con relación al tema.